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Toda la atención del mundo está en la COVID-19. Quizás haya sido una coincidencia que China eligiera este momento para reforzar su control en los arrecifes disputados en el mar de la China Meridional, arrestar a los demócratas más notorios en Hong Kong y empezar a ignorar la Ley Básica de Hong Kong. Quizá no. Los mandatorios en todas partes del mundo se han dado cuenta de que este es el momento perfecto para cometer barbaridades, pues tienen la tranquilidad de saber que el resto del mundo apenas lo notará.

Muchos se están aprovechando de la pandemia para acumular más poder.

Las acciones de China en Hong Kong son especialmente preocupantes. Desde que el Reino Unido le devolvió el territorio a China en 1997, Hong Kong ha sido gobernada bajo la fórmula de “un país, dos sistemas”. En general, su gente disfruta de los beneficios de la libertad de expresión, la libertad de reunión y el Estado de derecho. Las compañías extranjeras siempre se han sentido seguras allí, razón por la que Hong Kong es un núcleo financiero tan importante.

Sin embargo, el Partido Comunista de China tiene tiempo anhelando aplastar la cultura de protesta de Hong Kong. El artículo 22 de la Ley Básica, una especie de miniconstitución, prohíbe a las oficinas gubernamentales de China interferir en los asuntos internos de Hong Kong. Siempre estuvo claro que eso incluía a su Oficina de Enlace allí. Sin embargo, el 17 de abril, dicha oficina —el principal órgano representativo de China en esa región— afirmó no estar sujeta al artículo 22. Esto sugiere que planea intensificar su campaña para cercenar las libertades de Hong Kong.

La maniobra gradual del presidente Xi Jinping por incrementar su poder en Hong Kong es una de muchas. Por todo el mundo, los autócratas y aspirantes a autócratas están avistando una oportunidad sin precedentes. La emergencia por la COVID-19 es única. Los gobiernos necesitan herramientas adicionales para atenderla. Por lo menos 84 gobiernos han promulgado leyes de emergencia que le otorgan poderes extraordinarios al ejecutivo.

En algunos casos, estos poderes son necesarios para combatir la pandemia y serán revocados una vez que termine. Sin embargo, en muchos casos, ni son necesarios ni serán revocados. Los lugares con mayor riesgo son aquellos donde las raíces de la democracia son superficiales y los controles institucionales son débiles.

Tomemos por ejemplo a Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha estado socavando los controles y equilibrios durante una década. Bajo una nueva ley por el coronavirus, ahora puede gobernar por decreto. Se ha convertido, en la práctica, en un dictador y continuará siéndolo hasta que el Parlamento revoque sus nuevos poderes, lo que podría no suceder en un buen rato porque el Parlamento está controlado por su partido. Hungría es miembro de la Unión Europea, un club de democracias ricas, pero está actuando como Serbia o Togo, cuyos líderes han asumido poderes similares con el mismo pretexto.

En todas partes, la gente está atemorizada. Muchos desean que los guíen hacia a un lugar seguro. Los aspirantes a dictadores están recurriendo a las herramientas coercitivas que siempre habían anhelado, según ellos, para proteger la salud pública. Las grandes concentraciones de personas pueden ser fuentes de infección, por lo que incluso los gobiernos más liberales las están restringiendo. Los autócratas están encantados de tener una excusa tan respetable para prohibir las protestas masivas, las cuales el año pasado estremecieron India, Rusia y grandes porciones de África y América Latina. La pandemia ofrece una razón para posponer elecciones, como en Bolivia, o para seguir adelante con un proceso de votación aunque la oposición no pueda hacer campaña, como en Guinea.

Las reglas del confinamiento pueden aplicarse de manera selectiva: el presidente de Azerbaiyán ha amenazado abiertamente con utilizarlas para “aislar” a la oposición. El dinero para ayudar puede distribuirse selectivamente: en Togo necesitas una identificación de elector, con la cual no cuentan muchos de los partidarios de la oposición que boicotearon unas elecciones recientes. Se puede convertir a las minorías en chivos expiatorios: el partido gobernante en India está retratando a los musulmanes como transmisores de COVID-19 para enardecer el apoyo hinduista.

Para combatir el virus se requiere descubrir quién está infectado, rastrear sus contactos y ponerlos en cuarentena. Eso se traduce en una mayor invasión a la privacidad de la que las personas aceptarían en tiempos normales. Las democracias con garantías adecuadas, como las de Noruega o Corea del Sur, probablemente no abusen mucho de este poder. Regímenes como los de China y Rusia están desplegando ansiosamente equipos de alta tecnología para espiar a prácticamente todos, y no son los únicos. La nueva ley de emergencia de Camboya no establece límites para este tipo de vigilancia.

La información falsa sobre la enfermedad puede ser peligrosa. Muchos regímenes están utilizando esta perogrullada como una excusa para prohibir las “noticias falsas”, término con el que generalmente se refieren a la crítica honesta. En Zimbabue, los mercaderes de “falsedades” ahora enfrentan hasta 20 años de prisión. El director de un comité para la COVID-19 bajo la autoridad de Jalifa Hafter, un jefe militar libio, dijo: “Consideramos traidor a cualquiera que critique”. Jordania, Omán, Yemen y los Emiratos Árabes Unidos han prohibido los periódicos impresos, con el argumento de que podrían transmitir el virus.

A juzgar por lo que ya se ha informado, los acaparadores de poder en todos los continentes están explotando la COVID-19 para consolidarse. No obstante, sin periodistas ni activistas de derechos humanos moviéndose libremente por las calles, nadie sabe si los abusos no denunciados son peores. ¿Cuántos disidentes han sido encarcelados por “violar las leyes de confinamiento”? De las amplias sumas de dinero que están siendo movilizadas para atacar la pandemia, ¿cuánto ha sido robado por los dictadores y sus lacayos?

Un estudio reciente del Banco Mundial reveló que grandes entradas de ayuda para los países pobres coincidieron con grandes éxodos de riquezas hacia paraísos fiscales con empresas fantasma y bancos misteriosos, y eso fue antes de que los autócratas empezaran a obtener poderes de emergencia relacionados con el coronavirus. Se necesitan mejores controles.

“Justo ahora la salud está por encima de la libertad”, dijo el autocrático primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha.

Sin embargo, muchas de las medidas que atentan contra la libertad tomadas por regímenes como los de él son nocivas para la salud pública. La censura bloquea el flujo de información, lo que frustra una respuesta al virus basada en evidencias. También permite que la corrupción prospere. Una imposición partidista del distanciamiento social destruye la confianza en el gobierno, la cual es necesaria para que la población siga las reglas.

¿Adónde conducirá todo esto? La COVID-19 empobrecerá, enfermará y enfurecerá a las personas. El coronavirus es inmune a la propaganda y a la policía secreta. Incluso aunque algunos líderes estén explotando la pandemia para su beneficio, su incapacidad para lidiar con el sufrimiento de la población atentará contra el mito de que ellos y sus regímenes son invulnerables. En los países donde las familias pasan hambre, donde la policía no lo piensa dos veces para reprimir violentamente a quienes no cumplen con la cuarentena y donde el botín de los cómplices empieza a desaparecer junto con la economía, la situación podría causar que algunos regímenes finalmente pierdan el control.

No obstante, por el momento, la tendencia va en la otra dirección. Los autócratas sin escrúpulos están aprovechando la pandemia para hacer lo que siempre hacen: maniobras por el poder a expensas de las personas que gobiernan.